El senador michoacano más opaco

Publicado en Nacional el Miércoles 11, Mayo, 2016

Por Julián Ruiz

“Un político pobre, es un pobre político”, reza un viejo dicho bajo el cual se han construido las más conspicuas carreras políticas en México.
La historia de nuestro país, está plagada de una larga narrativa de traiciones y de engaños, así como del encumbramiento de familias dinásticas que se han enquistado en el poder para sorberle el tuétano al erario público a costa del uso preciso de la corrupción. En el caso de Michoacán, una de estas familias son los Orihuela.
El clan, que tiene su cuna en Zitácuaro, ha entendido a la perfección las reglas del poder en México, y tras años de estar viviendo de los cargos públicos, han amasado una gran fortuna a expensas del erario.
Ellos entendieron a la perfección el significado de aquella frase atribuida al profesor-político-empresario Carlos Hank González: en la política mexicana siempre juegan los mismos, y muchos siguen agitando el cubilete a su antojo, y lo que es peor, siguen imponiendo las reglas de un juego al que no estamos invitados el resto de los mexicanos.
Uno de los principales lastres de nuestro país es esa relación poco clara entre lo público y lo privado, siempre con sus tejemanejes tras el telón. En realidad, la relación entre lo público y lo privado per se no es mala. Resulta lógico que una determinada asociación se quiera reunir con un Senador o Diputado porque se va aprobar una ley que le afecta, eso pasa en otros países.
La diferencia clara de México es el hecho de que no sepamos concretamente qué pasa y esto es muy significativo.
En nuestro país se ha impuesto la cultura de la corrupción en todos y cada uno de los aspectos de nuestra relación social, política, económica y cultural. A tal grado, que ya es ley no escrita esa que indica que, si no eres de buena familia o no has tenido la suerte de heredar una empresa, métete en un partido, es la mejor forma de medrar. En los partidos políticos no importa tanto quién seas, sino el hecho de que tengas relaciones, unas relaciones que puedes ir curtiendo a lo largo de los años.
En el caso de Michoacán, el ejemplo más sórdido lo representa el clan Orihuela. A lo largo de 35 años en el servicio público, Ascensión Orihulea Bárcenas logró integrar un emporio de 56 propiedades valuadas comercialmente en 301 millones de pesos -que sumadas a los de su círculo familiar, son 97 propiedades-, en donde enfrenta una discrepancia fiscal por el orden de 257 millones de pesos.
El jefe del clan Orihuela es propietario directamente de 56 predios, casas, ranchos y otras propiedades inscritos en el Registro Público de la Propiedad, que tiene un valor comercial de 301 millones 886 mil pesos, con ubicación en Morelia, Zitácuaro, Tarímbaro y Pátzcuaro.
Cuando este escándalo salió a la luz en la pasada contienda electoral por la gubernatura, al PRI sólo se le ocurrió plantear la imagen idílica de quien era su candidato, como un “empresario exitoso”, cuando de lo que se trataba era del caso de un defraudador y evasor fiscal exitoso y muy habilidoso.
Por ello, no sorprende que el actual Senador de la República no sólo no firmara la ley sobre el Sistema Nacional de Anticorrupción, sino que en todo este tiempo se ha abstenido de presentar sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses en la plataforma tresdetres.mx.
Orihuela Bárcenas forma parte de los Senadores del Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde, que eliminaron la propuesta ciudadana conocida como Ley 3 de 3.
También conocida como la Ley General de Responsabilidades Administrativas, esta propuesta incluía que los funcionarios públicos realizaran una declaración patrimonial, para revisar que no se anduvieran gastando dinero público.
No sorprende entonces que, ya sea en forma directa o de manera presuntiva, de la omisión del pago de impuestos que desde 1999 Oirhuela Bárcenas no ha reportado al fisco, toda vez que la Ley del Impuesto Sobre la Renta establece mecanismos ante las discrepancias fiscales, cuando una persona física realiza en un ejercicio de erogaciones mayores a los ingresos declarados
La iniciativa ciudadana #3de3 —que propone la obligatoriedad de estas tres declaraciones— ha sido durante los últimos meses, una de las exigencias centrales de la sociedad civil, empresarios y organizaciones sociales que buscan combatir la corrupción en el sector público.
Las siete leyes que conforman el andamiaje constitucional para el Sistema Nacional Anticorrupción se encuentran en análisis en el Senado.