Zacapela/La trampa de Yarabí

Publicado en Perspectiva el viernes 1, abril, 2016

Por Rodrigo Santillán Cárdenas

La diputada Yarabí Ávila González saltó al mundo de la política de la mano de Alfredo Castillo Cervantes, quien aceptó la recomendación de Salvador Jara Guerrero para designarla titular de la Secretaria de Política Social del Gobierno del Estado. En la época en la que Jara era rector de la UMSNH, Ávila González fungió como Contralora, periodo en el cual le tocó sortear el escándalo de corrupción derivado de la alta nómina de empleados de confianza que el actual subsecretario de Educación Media Superior creó a expensas de las disminuidas finanzas de la Casa de Hidalgo.

Tras su paso poco trascendente por la Sepsol y ya sin el control de Alfredo Castillo en el PRI, Jara pudo colocar a Ávila González como candidata a diputada por el Distrito X de Morelia Noroeste, a fin de asegurarse una mini bancada que lo defendiera, junto con Rosa María de la Torre Torres.

En los últimos meses, Yarabí no había tenido ningún tipo de papel importante en el inicio de la actual Legislatura, hasta que en febrero pasado, la Auditoría Superior de la Federación, reveló las anomalía de la Cuenta Pública 2014, en donde el gobierno de su hechor político quedaba en evidencia, poniendo a Michoacán como la segunda entidad con más observaciones respecto a malos manejos financieros y daños a la hacienda pública.

Fue aquí en donde el grupo de Salvador Jara prendió las alertas y puso en marcha una operación de rescate del proyectito político que encabezan: por un lado, Yarabí Ávila, como presidenta de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán, investigó si en su paso como funcionaria no tenía observaciones. Por otro, Jara mandó a su ex secretario de Finanzas, Miguel López Miranda, a tratar de desviar la atención, y de hecho fue contratado como asesor externo por la coordinadora de la bancada del PRI, Adriana Hernández.

La ruta que trazaron en el cuarto de Guerra de Jara, en donde algunos diputados del PRI se sumaron, fue abordar el tema de la cuenta 133, denominada “cargos por aplicar” en la contabilidad gubernamental de 2003 a 2014 y que habría ocasionado un quebranto al patrimonio estatal por 17,323 millones de pesos.

Dicha cuenta es la que ha sido denominada como la “licuadora”, que se ideó en la Tesorería estatal para mezclar recursos de diversa procedencia.

Según la estrategia jarista, el objetivo es desviar la atención mediática de la Cuenta Pública 2014, en donde según datos de la Auditoría Superior de Michoacán, ¡el gobierno del ex rector habría realizado movimientos irregulares cercanos a los dos billones de pesos!!

Jara mandó a Yarabí Ávila para que propusiera crear un bodrio legislativo que denominaron como la “auditoría forense”, la cual propone que se contrate una auditoría independiente, para que investigue las cuentas públicas del 2003 al 2014.

Pero lo que no dice la neo priísta es que ella sólo quiere que se investigue a los gobiernos de Lázaro Cárdenas Batel hasta el último periodo de Fausto Vallejo, pero no al de Salvador Jara!!

Para justificar su propuesta, Yarabí Ávila hecho mano de la chistera de la hipocresía una fraseología que bien se puede resumir con la popular frase de que hágase la ley en los bueyes de mi compadre: “para no cerrarnos a la transparencia y no hacer castillos en el aire con puro discurso, debemos ser congruentes, no de doble discurso, si realmente queremos rendición de cuentas y transparencia, contratemos un despacho independiente que nos dé certeza de qué pasó con el manejo de la cuenta 133”.

Sin embargo, aquí estamos para recordarle a Yarabí y a Salvador Jara que la cuenta Pública 2014 ha sido la más irregular y opas en la historia reciente del estado:

En el análisis de la Cuenta Pública jarista, los diputados identificaron irregularidades, deficiencias y prácticas obsoletas y poco transparentes.

Al 30 de septiembre de 2015 en los cuales se identificaron errores en su registro contable son los siguientes:

  1. Registro incorrecto en la cuenta de Efectivo y Equivalentes de 14 mil millones de pesos aproximadamente, correspondientes a ingresos virtuales del Fondo para la Nómina Educativa (FONE) y el Fondo para los Servicios de Salud (FASA), que no representan un ingreso efectivo de recursos federales, faltando la aplicación y registro del gasto virtual por el mismo monto.
  1. Algunas nóminas del Sector Educativo debieron ser reprocesadas al ser encontrados errores en su registro y otras más debieron ser incluidas en la contabilidad al haberse omitido su registro.
  1. Se identificaron omisiones en el registro contable de algunos pagos por concepto del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal Prestado bajo la Dirección y Dependencia de un Patrón.
  1. Se dejaron de realizar aportaciones importantes a la Dirección de Pensiones Civiles por parte del Gobierno del Estado, los cuales fueron ya registrados, quedando aún pendientes de pago en razón de que tampoco se dejaron los saldos en cuentas para su cumplimiento.
  1. La cuenta “Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo” no se encontraba depurada, ya que incluía adeudos que ya habían sido regularizados por diversas dependencias del Gobierno del Estado. Con base en esto, nos encontramos en proceso de depurar dicha cuenta.
  1. Los ingresos recibidos por medio del sistema de recaudación en bancos no habían sido registrados contablemente, por lo que se procedió a realizar los registros contables y presupuestales correspondientes.
  1. Se identificó que no se habían registrado traspasos entre las cuentas de cheques y las de inversiones, por lo que tampoco se registraron los rendimientos obtenidos en éstas. El registro de estas operaciones está en proceso de completarse.
  1. Se identificó que no se había cumplido con la ley federal y se dejaron de otorgar participaciones federales a los Municipios, por parte de la Administración anterior, por 427 millones de pesos; por lo que la Administración actual tuvo que gestionar en carácter de urgencia recursos extraordinarios con el Gobierno Federal para otorgar apoyos financieros de cierre a los ayuntamientos y evitar con ello su quiebra financiera.